Recortes de historia ...

  CEMENTERIO DE SAN ANTÓN

 

 

En el asunto del cementerio eclesiástico de Sanlúcar de Barrameda eran evidentes los intentos del Ayuntamiento por hacerse con sus instalaciones. Tales intentos, que iban contra quienes lo habían regido desde tiempo inmemorial, los claveros de la iglesia mayor parroquial, como administradores de los mismos, no eran nuevos. Fariñas tuvo que pelear por el asunto y también transigir. Ya, en una década antes, había comentado Fariñas al arzobispado el 1 de enero de 1858 que le habían visitado “dos individuos” de los que solicitaban la construcción de “sepulcros de familia” en el cementerio, y le habían exigido que accediese a sus peticiones. Fariñas, por tratarse “de personas de bastante representación y también amigos”[1], se vio obligado a consentir que se le concediese, pero fuera de los patios construidos. La razón que les esgrimió Fariñas fue que, dentro de ellos, iban a “imperfeccionar” aquel sitio, que en aquel momento se encontraba “en buena armonía”.

         Los dos visitantes, que Fariñas dejó en el anonimato, no estuvieron conformes. Alegaron que el sitio que les señalaba Fariñas no era decoroso, ni a propósito para sus pretensiones. Por tal repugnancia y a instancia de los mismos, fue preciso que Fariñas se personase en el cementerio. Reconoció el patio primero, el más antiguo, donde había un terreno que podía utilizarse al efecto. Fariñas pudo haberse opuesto, pero transmitió al arzobispado que, como “en tantas ocasiones se le habían puesto peros al cementerio, por lo que tanto trabajo le había costado conservarlo, impidiendo que el ayuntamiento se apoderase de él”, no tuvo más remedio que acceder a lo que se le pedía, en evitación de que los solicitantes acudiesen en demanda al Ayuntamiento. Con ello tendría que haber sostenido nuevamente un enfrentamiento en asunto tan delicado, del que dudaba que hubiera podido salir exitoso. Así que, por su parte, lo autorizó.

         Producida la Revolución de 1868, el Ayuntamiento de la ciudad, tras varias comunicaciones al arciprestazgo, reclamando la entrega del cementerio, acordó incautarse violentamente de él (en palabras del vicario Rubio Contreras) en el término de tres días, si antes no se le entregaba por los claveros de la parroquial. Los claveros enviaron en noviembre de 1868 al presidente de la Junta Revolucionaria un oficio[2] sobre el origen e historia del cementerio. En vista de ello, y considerando inútil protestar, recurrieron los claveros al juez de Primera Instancia en una demanda ordinaria, pidiendo en ella que amparase el derecho de propiedad del cementerio en que estaba el clero. Se agregó que, con arreglo al artículo 162 de la Ley Municipal se suspendiese, por primera providencia, el acuerdo del Ayuntamiento. El Juzgado aceptó la demanda y, por providencia del 19 de dicho mes, suspendió el referido acuerdo municipal. Al parecer, la Corporación no estaba dispuesta a litigar con la clavería de la parroquial y había desistido de su intento. No fue así. Consta que el Ayuntamiento hizo entrega a Rubio Contreras del Cementerio de San Antón Abad. Además puso a su disposición el fondo de derechos de sepulturas y de cañones recaudados por la ejecutiva revolucionaria y la Comisión de Salud Pública.

Era también motivo de atención y de preocupación cuanto hacía referencia a los difuntos. Se celebraban sufragios y se atendía lo referente a los enterramientos. Una solicitud de Francisco Moreira Palacios, empleado y con residencia en Carril de San Diego 22, dirigida al arzobispo Ilundáin el 15 de septiembre de 1921, en la que pedía que se le concediese licencia para adquirir en propiedad el nicho de su hija Esperanza, fallecida el 5 de enero de 1921, testimonia las medidas que había adoptado la administración de tal institución, por la que se le denegó lo solicitado por don Francisco. Tales medidas fueron comunicadas al arzobispo por el arcipreste Suárez el 30 de septiembre de 1921 en un informe[3] pedido al efecto. La administración del cementerio tenía acordado, desde hacía algún tiempo, suspender de momento cualquier cesión en propiedad de toda clase de sepulturas. En su consecuencia, tanto al señor Moreira, como a otros  muchos solicitantes, se les había denegado la adquisición a perpetuidad de los enterramientos. Las causas de la adopción de dicho acuerdo fueron las siguientes:

1ª.- Dada la extensión del cementerio  y el tiempo que llevaba de uso,  no permitía que se siguieran cediendo las sepulturas en propiedad.

2ª.- Los derechos que, hasta aquel momento, se exigían para adquirir propiedad, resultaban ya muy reducidos y perjudiciales para una buena administración en aquellas presentes circunstancias.

3ª.- De no haberse tomado aquel acuerdo, habría necesidad de construir nuevo cementerio, lo que daría ocasión a que el Municipio de la ciudad, que tenía a la sazón en estudio tal asunto, se apresura a dar por insuficiente e incapaz el actual con graves perjuicios de los derechos de la Iglesia, propietaria del existente.

4ª.- Los demás señores, a los que se les había negado la adquisición de sepulturas en propiedad, reclamarían si se hiciese una excepción con el señor Moreira.

5ª.- No se lesionaba el derecho a la perpetuidad, por cuanto que de hecho se podía tener con tal de que, a sus debidos tiempos, se renovase los derechos de sepultura. Esta era la práctica que se venía siguiendo.

Rafael Cano Márquez[4] envió escrito al cardenal Ilundain el 8 de julio de 1927. El 30 de abril pasado había vencido el trienio para el que había sido nombrado gerente del Cementerio de San Antonio Abad. Don Rafael no había remitido las cuentas de administración en la referida fecha, “por creer que sería mejor presentar liquidación por trimestres completos”, razón por la que con esta fecha las presentaba hasta el 30 de junio anterior. Con ello, don Rafael consideró que las cuentas resultarían más claras para quien le sucediese en el cargo, “caso de que V. Eminencia estimase conveniente su remoción”[5].

El 20 de Junio de 1933, ante el conflicto de competencias planteado por el enfrentamiento entre Ayuntamiento e Iglesia, la documentación existente en el Archivo Diocesano de Asidonia Jerez contiene datos importantes sobre la historia de los enterramientos en el siglo XVI. El asunto lo había destapado al cardenal de Sevilla, con finura y astucia, el que era arcipreste de la ciudad en 1933 Francisco Lara, párroco de Chipiona: “[...] en el asunto del cementerio cree el párroco de la O que el Ayuntamiento persigue la incautación, pero como el oficio de requerimiento habla de inventarios y listas, y este legalmente no puede referirse más que a cementerios privados, no sabía qué procedimiento seguir para conocer las intenciones del ayuntamiento de una manera que no diese lugar a dudas. Me permití indicarle que contestase el  oficio del  Ayuntamiento dándole una relación de los cementerios privados, que existen en la ciudad, sin incluir el parroquial. De este modo el municipio descubrirá sus intenciones si, como parece ser por todas los indicios, se trata de la incautación...”[6].

         El 20 de Junio de 1933 los tres párrocos de la ciudad, Antonio Suárez, de la parroquial; Laureano Rubio Alpresa, de Santo Domingo; y José Núñez, de Bonanza, mandan un oficio al cardenal en el que le comunican que, en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento el 10 de Junio, se acordó la incautación del cementerio, ante lo que piden instrucciones a seguir. A falta de más documentación y de títulos inscritos en el Registro de la Propiedad, le remiten al cardenal, los oficios existentes relacionados con la incautación que se efectuó en la anterior República de 1873.

         En uno de los oficios, el remitido por el entonces arcipreste de la ciudad, Francisco Rubio Contreras, al Presidente del Ayuntamiento, con fecha de 28 de Abril de 1873, tras defender los derechos que, en su opinión asistían al clero en cuestiones de cementerio en general y en el de san Antón en particular, por ser de la propiedad de la Iglesia sanluqueña, hace una breve síntesis de la historia de los cementerios: “[...] V.S. deberá convenir conmigo que, sin razones sumamente atendibles, no era posible que por espacio de dos tercios de siglo el clero, a la vista de toda una población, erigiese, gobernase y dirigiese un lugar público sagrado. Desde el año de 1396, dos siglos antes de que el Concejo, Justicia y Regimiento de Sanlúcar tuviese casa donde deliberar, y más de un siglo anterior al documento más antiguo del archivo del Ayuntamiento, era ya San Antón lugar sagrado y propiedad del clero, con los terrenos adyacentes, por cesión de D. Juan de Guzmán, conde de Niebla. Y note V.S.  que ya desde esa fecha era San Antón cementerio, por la costumbre antiquísima de dar sepultura en las iglesias, que a la sombra de los altares lo ha puesto el cristianismo todo: la vida y la muerte. A principios del siglo, San Antón, que era ya cementerio, empezó a ser cementerio único; y el clero cercó su terreno, levantó sus tapias, construyó sus sepulcros, en una palabra, lo hizo, y lo hizo en terreno suyo. El cementerio de San Antonio Abad está, por lo tanto, al abrigo y al amparo de los tribunales, como la propiedad más sagrada, y el clero tiene, no ya razones sumamente atendibles, sino títulos verdaderos y de verdadera justicia que todo tribunal respetará, y que yo espero respetará también el Ayuntamiento, desistiendo del acuerdo que, sólo por una equivocación, se ha podido tomar.

Dios guarde a usted muchos años”[7].

 

En el último tercio del siglo XVII se comenzó a plantear la conveniencia de que no fuese el cementerio de la ciudad una institución eclesiástica, sino municipal. A este tenor se presentaron[8] los señores capitulares Alfonso Castaño y Jerónimo Espinosa de los Monteros a exponer los deseos del cabildo al vicario del clero sanluqueño, Francisco de los Reyes Valderrama, rogándole que durante un tiempo se dejase de enterrar en las iglesias, dado que se pretendía comprar unas casas solares propiedad de los frailes jerónimos, para que se pudiese desde ese momento enterrar los cadáveres en ella, así como ir trasladando a la misma los restos existentes en las iglesias. Este primer cementerio duró hasta el año 1803[9], dado que tres años antes[10] había acordado el Cabildo que fuese bendecido el Campo de San Antón para cementerio[11].



[1]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: El cementerio de San Antón Abad, documentos de 1858.

[2]  Cfr. Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos parroquiales: Fábrica. Cementerio, caja 59, documento 9.

[3]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Arciprestazgo de Sanlúcar de Barrameda, documentos de septiembre de 1921.

[4]  En 1910 había sido ordenado diácono.

[5]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Cementerio de San Antón Abad, documentos de julio de 1927.

[6]  Archivo Diocesano de Asidonia Jerez. Fondos de Gobierno. Caja de Instituciones, cementerio.

[7]  Archivo Diocesano de Asidonia Jerez. Fondos de Gobierno, caja de Instituciones, cementerio.

[8]  Acta de la sesión capitular de  2 de Enero de 1679.

[9]  Pedro Barbadillo: Historia de Sanlúcar de Barrameda, p. 719.

[10]  Acta de la sesión capitular de  3 de Septiembre de 1800.

[11]  Cfr. Narciso Climent Buzón: Calles y plazas de Sanlúcar de Barrameda. Recorrido Histórico, p. 522.


11/05/2013

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