Recortes de historia ...

  CUANDO LA CONSTITUCIÓN DEL 12

 

 

Los planes reformistas emergentes tras la Constitución fueron como un aldabonazo, si bien tímidos y efímeros. No obstante, supusieron un paso hacia adelante para acabar con los pilares de Antiguo Régimen, lo que no era poco. Ciertamente que eran muchos los problemas heredados, agravados por la frontal oposición al cambio por parte de los sectores más privilegiados de la sociedad.

          Se introdujeron cambios en el Cabildo: cambios de nominaciones de municipalidad, corregidor y escribano; pérdida del carácter de perpetuidad de los oficios municipales; elección de los capitulares; sufragio universal, pero sólo para los hombres; dependencia de la Diputación; el alcalde pierde las facultades judiciales.

          En 1812 llega a su final la provincia de Sanlúcar de Barrameda, a la que los rivales denominarían “la provincia de la almeja”. Un año después tuvo lugar una nueva división provincial de España. Sanlúcar de Barrameda queda encuadrada en la provincia de Sevilla. Efímera pertenencia, pues tan sólo un año después las Cortes llegó al acuerdo de que los pueblos de la margen izquierda del Guadalquivir quedaban incorporados a la provincia de Cádiz. No obstante, el 9 de diciembre de 1812 el Ayuntamiento, que presidía Marcos Manzanares, solicitó que Sanlúcar siguiese siendo catalogada como capital de provincia.

          Las medidas no tardaron en llegar. El Ayuntamiento sw hizo cargo de las obligaciones benéficas que hasta el momento había venido desempeñando la Iglesia; cuidado de los enfermos en los hospitales, Casa de Expósitos, enseñanza en todas las escuelas primaras, si bien todo esto se fue realizando con una gran lentitud. Se abrió un tiempo de depuraciones políticas contra quienes se habían significado en el apoyo al francés o de quienes habían desempeñado algún cargo en dicho periodo. Se fijaron los ojos en cuatro militares: un sargento primero, dos sargentos segundos y un soldado.

          Esta depuración se realizó así mismo en el Batallón de Milicias Cívicas, debiéndose probar que no había sido creado por el ejército francés, sino que estaba constituido antes para oponerse a la entrada del ejército francés, y que había sido este quien lo había obligado a defender sus intereses. También se le hizo inspección a don José Arizón, teniente jubilado y recaudador de rentas de la provincia. Este solicitó del Ayuntamiento un certificado de buena conducta de no haber colaborado con el francés. Le fue concedido.

          No se libró el estamento eclesiástico de la inspección. Se abrieron expedientes a fray José Martín, fray Manuel Díaz, fray Alonso Félix, fray Antonio José García y fray Benito Parreño, Todos estos del clero regular. Del clero secular fueron expedientados: Rafael Colom, Andrés Arnaud, Joaquín Mariano Rosales, Antonio de Roa, Antonio Romero, Ángel Muñoz, Pedro Gabriel Bernal, Manuel Martínez Picazo, José Jiménez y Francisco de Paula López.

          Aún en 1815 hubo de limpiar su limpieza patriótica el cura José Daoiz y Peña, primo de Luis Daoiz, muerto en defensa de la patria contra los franceses, “ante cierta solicitud ante Su Majestad y señores de Su Real Cámara”. Se acudió al arzobispado. Se siguió un expediente con los correspondientes testigos. El fiscal del arzobispado dictó que no encontraba nada en contra del comportamiento del cura Daoiz.

          Sin la menor duda, el odio contra el francés se proyectó contra todos aquellos que habían colaborado con ellos. Hubo suspensión de empleo y sueldo a los empleados municipales que había cuando llegaron los franceses y que continuaron en sus puestos. Estos pululaban por la ciudad “sin tener que comer y pordioseando para buscar los ocho o nueve duros que se les debía”. Todo ello a pesar de que no había queja alguna contra ellos, aunque el Ayuntamiento intercedió al Gobierno por ellos.

          Las denuncias contra los colaboracionistas se multiplicaban. De todos ellos se elaboró una lista. Esta fue analizada en el Ayuntamiento y se realizó una definitiva, que fue remitida por el alcalde Joaquín Rojas Marcos, a la superioridad política.

          Así las cosas, el nuevo Gobierno de Fernando VII seguiría esquilmando a la ciudad hasta límites insospechados con el pago de tributos, la obligación de alojar a los miembros de las tropas, el pago de tributos por no alojarlos en sus casas por haberse instalado en el Castillo, la entrega de caballos, el suministro de alimentos para las tropas que guarnecían la ciudad e incluso otras de fuera de ella, las levas de mozos para el ejército. Si bien el Ayuntamiento ponía pegas a todas estas medidas, el ejército exigía información del estado económico de la ciudad.

 

          Otra medida que se acometió fue la de independizar el poder judicial del poder municipal. Comenzaron las tensiones entre un poder y otro, dado que el Ayuntamiento consideraba el poder judicial una injerencia en el municipal. Valga un ejemplo. Ante los dos presos que se hallaban atendidos en el Hospital de San Juan de Dios, los frailes comunicaron que ellos no podían garantizar su seguridad. El Juzgado obligó al Ayuntamiento que se encargase de ello. Este montó en cólera. Afirmó que carecía de medios y que era al juez a quien competía dicha función. Para colmo, los presos escriben al juez y le piden que interceda por ellos, ya que no podían subsistir con los tres reales diarios que les daba el Ayuntamiento, al tiempo que rogaban que el Ayuntamiento autorizase a un joven para que pidiese por las calles por ellos. Nueva indignación. Aún así aumentó la asignación en un real más.


30/01/2016

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