Recortes de historia ...

  CONFLICTOS POR LA CAPELLANÍA DE SANTA BRÍGIDA

 

 

 

Se trata de una de las más antiguas capellanías de la ciudad. Si bien hay constancia de la misma en 1541, sus orígenes debieron ser anteriores. Tal vez la capilla fue creada en los tiempos de la conquista de Canarias (siglo XV), dado el particular fervor que se practicó a Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Era una capellanía bien pobre, a pesar de lo cual se suscitaron cuestiones por la propiedad de la misma. Las disputas por la propiedad de una capellanía fueron muy frecuentes en la historia de la ciudad. Veamos una de ellas.

 Don Diego Bernal y Rendón, presbítero, remitió 2.000 reales para que se restaurase la capilla en la Ermita de Santa Brígida, para que en los días de fiestas se diese misa, la que efectivamente se efectuó el año de 1740. Se nombró a don Diego Agustín Ramírez de Medina, por el señor provisor para administrador de ella, para que llevase cuenta y razón y la diera siempre que se pidiera por el Juzgado, cuya obligación está en los autos de erección.

          Llama por primeros capellanes a los hijos, nietos y descendientes de su primo, Miguel de Barba, y mientras no sea sacerdote el llamado, don Diego Agustín Ramírez de Medina, tuviese la obligación de prever quién dijese la misa con la precisa condición de llevar solamente la mitad de la renta. La otra mitad ha de ser para el capellán para ayuda de sus estudios y alimentos hasta el momento de ser ordenado. Reconvino doña María Collantes a dicho Medina para que se le adjudicare dicha capellanía a Manuel de los Santos Barba, como nieto de padre y madre de de Miguel Barba, primer llamado de dicha Fundación. No quiso condescender en ello el mencionado Ramírez de Medina, afirmando que, mientras él viviese, sería dueño absoluto de la capellanía y, por tanto, nada tendría que ver con esta resolución.

          Doña María Collantes lo demandó ante el señor provisor Gespérez, en octubre de 1753. Habiendo seguido el pleito don Agustín Ramírez de Medina un año, se sentenció declarando a Manuel de los Santos Barba por capellán de dicha capellanía y adjudicándosela como primer llamado por el fundador.

          Apeló Medina y se le negó la apelación, en uno y otro efecto, por ser maliciosa y estando dada la sentencia con los mismos términos de la Fundación, se le mandó dar las cuentas de los días en que la había administrado. No la quiso dar. Se le quitó la administración. Se mandó que su abuela, doña María Collantes, fuese haciendo la correspondiente obligación, y además teniéndolo como la había prendido el señor juez al señor Ramírez de Medina con censuras para que entregase la cuenta. Además se mantuvo un mes “descomulgado” sin entregar la cuenta.

Trajo letras del nuncio para llevar los autos en consulta, tras lo cual se confirma la sentencia dada por el ordinario. En ella se decía que desde el día en que se opuso, le diesen la mitad de la renta, que fue por el mes de octubre como consta en los autos y se le mandase la cuenta al referido Ramírez de Medina. Habría de pagar lo que tampoco había dado, pues habiendo tomado otra vez la administración, dejó pasar un poco de tiempo, y dio una cuenta de lo que había cobrado en esta segunda administración, callando la cuenta de lo que antes había administrado y cobrado.

          Se le pidió cuenta a doña María Collantes de lo que había cobrado. La dio la señora, tanto de lo que producía dicha capellanía, como de lo que había cobrado, que eran hasta unos diez mil reales. Se le mandó que devolviese la cantidad. No se le quiso abonar el tiempo en que se opuso a la capellanía, que según parece también se le debía abonar, ya que el fundador había mandado que se le diera la mitad de la renta al nombrado para ayuda de su manutención y estudios. Obligaron a sus herederos  de doña María Collantes para que pagasen la referida cantidad con los bienes que aquella señora había dejado.

 

          No se puede uno persuadir de que, estando mal informado el señor nuncio, el señor Cuevas, que es quien había dado esta ejecución, pues en su justificado proceder, si estuviera bien informado, mandaría se cumpliese, en todo y por todo, la ejecutoria del señor nuncio y que se le abonase la mitad de la renta de los años en que se había encargado de la administración de la capellanía. El capellán murió haría un año poco más y dejó por heredera a una tía suya.


04/01/2016

  CORRESPONDENCIA DE JOAQUÍN MARIANO ROSALES. 1 de agosto de 1828.

 

 

 

 

Con motivo del nombramiento de Manuel Suárez de la fábrica de Santa María de Carmona.

 

Carmona 1 de Agosto de 1828

 

Sr. D. Joaquín Mariano Rosales

 

          Mi venerado Señor y dueño; faltaría a un deber tan sagrado, si no dijese a V. que la Parroquia de Sta María de esta ciudad es la que me ha tocado en suerte, y en esta ciudad ya puede contar con uno de sus más apasionados, pudiendo disponer a su gusto de mis contas, facultades y respetos.

          No me olvido que soy su deudor y que me ha tenido la más consideración en no obligarme al pago en circunstancias tan apuradas y por una deuda tan antigua.

          Yo le suplico que aun la muestre por ahora, por haberme sido costosa la traslación, y será un nuevo favor que le deberé a más de otros muchos.

          Su seguro servidor y cappn Q.S.M.B

 

(Firma Manuel Suárez). 


01/03/2016

  CUANDO LA CONSTITUCIÓN DEL 12

 

 

Los planes reformistas emergentes tras la Constitución fueron como un aldabonazo, si bien tímidos y efímeros. No obstante, supusieron un paso hacia adelante para acabar con los pilares de Antiguo Régimen, lo que no era poco. Ciertamente que eran muchos los problemas heredados, agravados por la frontal oposición al cambio por parte de los sectores más privilegiados de la sociedad.

          Se introdujeron cambios en el Cabildo: cambios de nominaciones de municipalidad, corregidor y escribano; pérdida del carácter de perpetuidad de los oficios municipales; elección de los capitulares; sufragio universal, pero sólo para los hombres; dependencia de la Diputación; el alcalde pierde las facultades judiciales.

          En 1812 llega a su final la provincia de Sanlúcar de Barrameda, a la que los rivales denominarían “la provincia de la almeja”. Un año después tuvo lugar una nueva división provincial de España. Sanlúcar de Barrameda queda encuadrada en la provincia de Sevilla. Efímera pertenencia, pues tan sólo un año después las Cortes llegó al acuerdo de que los pueblos de la margen izquierda del Guadalquivir quedaban incorporados a la provincia de Cádiz. No obstante, el 9 de diciembre de 1812 el Ayuntamiento, que presidía Marcos Manzanares, solicitó que Sanlúcar siguiese siendo catalogada como capital de provincia.

          Las medidas no tardaron en llegar. El Ayuntamiento sw hizo cargo de las obligaciones benéficas que hasta el momento había venido desempeñando la Iglesia; cuidado de los enfermos en los hospitales, Casa de Expósitos, enseñanza en todas las escuelas primaras, si bien todo esto se fue realizando con una gran lentitud. Se abrió un tiempo de depuraciones políticas contra quienes se habían significado en el apoyo al francés o de quienes habían desempeñado algún cargo en dicho periodo. Se fijaron los ojos en cuatro militares: un sargento primero, dos sargentos segundos y un soldado.

          Esta depuración se realizó así mismo en el Batallón de Milicias Cívicas, debiéndose probar que no había sido creado por el ejército francés, sino que estaba constituido antes para oponerse a la entrada del ejército francés, y que había sido este quien lo había obligado a defender sus intereses. También se le hizo inspección a don José Arizón, teniente jubilado y recaudador de rentas de la provincia. Este solicitó del Ayuntamiento un certificado de buena conducta de no haber colaborado con el francés. Le fue concedido.

          No se libró el estamento eclesiástico de la inspección. Se abrieron expedientes a fray José Martín, fray Manuel Díaz, fray Alonso Félix, fray Antonio José García y fray Benito Parreño, Todos estos del clero regular. Del clero secular fueron expedientados: Rafael Colom, Andrés Arnaud, Joaquín Mariano Rosales, Antonio de Roa, Antonio Romero, Ángel Muñoz, Pedro Gabriel Bernal, Manuel Martínez Picazo, José Jiménez y Francisco de Paula López.

          Aún en 1815 hubo de limpiar su limpieza patriótica el cura José Daoiz y Peña, primo de Luis Daoiz, muerto en defensa de la patria contra los franceses, “ante cierta solicitud ante Su Majestad y señores de Su Real Cámara”. Se acudió al arzobispado. Se siguió un expediente con los correspondientes testigos. El fiscal del arzobispado dictó que no encontraba nada en contra del comportamiento del cura Daoiz.

          Sin la menor duda, el odio contra el francés se proyectó contra todos aquellos que habían colaborado con ellos. Hubo suspensión de empleo y sueldo a los empleados municipales que había cuando llegaron los franceses y que continuaron en sus puestos. Estos pululaban por la ciudad “sin tener que comer y pordioseando para buscar los ocho o nueve duros que se les debía”. Todo ello a pesar de que no había queja alguna contra ellos, aunque el Ayuntamiento intercedió al Gobierno por ellos.

          Las denuncias contra los colaboracionistas se multiplicaban. De todos ellos se elaboró una lista. Esta fue analizada en el Ayuntamiento y se realizó una definitiva, que fue remitida por el alcalde Joaquín Rojas Marcos, a la superioridad política.

          Así las cosas, el nuevo Gobierno de Fernando VII seguiría esquilmando a la ciudad hasta límites insospechados con el pago de tributos, la obligación de alojar a los miembros de las tropas, el pago de tributos por no alojarlos en sus casas por haberse instalado en el Castillo, la entrega de caballos, el suministro de alimentos para las tropas que guarnecían la ciudad e incluso otras de fuera de ella, las levas de mozos para el ejército. Si bien el Ayuntamiento ponía pegas a todas estas medidas, el ejército exigía información del estado económico de la ciudad.

 

          Otra medida que se acometió fue la de independizar el poder judicial del poder municipal. Comenzaron las tensiones entre un poder y otro, dado que el Ayuntamiento consideraba el poder judicial una injerencia en el municipal. Valga un ejemplo. Ante los dos presos que se hallaban atendidos en el Hospital de San Juan de Dios, los frailes comunicaron que ellos no podían garantizar su seguridad. El Juzgado obligó al Ayuntamiento que se encargase de ello. Este montó en cólera. Afirmó que carecía de medios y que era al juez a quien competía dicha función. Para colmo, los presos escriben al juez y le piden que interceda por ellos, ya que no podían subsistir con los tres reales diarios que les daba el Ayuntamiento, al tiempo que rogaban que el Ayuntamiento autorizase a un joven para que pidiese por las calles por ellos. Nueva indignación. Aún así aumentó la asignación en un real más.


30/01/2016

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