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  CUBILLOS, Bartolomé. Vicario Eclesiástico. +1671.

 

 

Este licenciado, siendo muy joven opositó a la capellanía que había fundado en 1597 en la Parroquial Antonio Bernal Cubillos. Llevó a cabo el libro de visitas eclesiásticas efectuadas en la ciudad el 25 de diciembre de 1650, siendo vicario de la ciudad y juez comisionado por el arzobispado allá por el año 1668. Fue en aquel entonces notario quien lo era de la Iglesia Mayor Parroquial Bartolomé Sánchez Olmedo. Ostentó asimismo algunas de las capellanías que había fundado en la Caridad la duquesa Ana de Silva y Mendoza. Fue además el primer administrador de la iglesia, hospital y colegio de San Ildefonso, cargos en los que estuvo hasta el momento de su muerte en 1671.

          Fue natural de Sanlúcar de Barrameda y perteneció a una familia muy relacionada con la inquisición. Su tío, Alonso Pérez Cubillos, había sido familiar de la inquisición por 1590, al igual que su padre, reconocido como hidalgo por el Cabildo, que lo fue por el mismo, y al igual que su hermano que también ostentaba dicho cargo al principio del siglo XVII. En 1615 nos encontramos al padre Cubillos de capellán en la iglesia de la Caridad, por mandato de escrito que había otorgado, ante el escribano sanluqueño Parra, el duque don Manuel el 25 de junio de 1615. En dicha iglesia desempeñada también el cargo de administrador junto don Diego López de Soria, tras cuya muerte, Cubillos quedaría constituido en único administrador de hospital, santuario y colegio de San Ildefonso por un periodo de tiempo que va desde 1640 a 1671.

          En su calidad de administrador del santuario fue quien firmó “la escritura de depósito” por la que se extendía la certificación de que la hija de los fundadores del templo, Ana María de Guzmán, había sido enterrada a su fallecimiento con sus padres “en la tumba bajo el altar mayor”[1].

          El 15 de septiembre de 1644, el padre Cubillos, en calidad de administrador, junto don Felipe Dinarte, en calidad de rector del Colegio de San Ildefonso, y del contador Alonso Prieto, presidieron una junta de capellanes del santuario. La junta abordó un tema de incumplimiento de obligaciones por parte del duque don Gaspar para con el santuario. El momento no era el más adecuado para que al duque le pudiese interesar dicho asunto, pues, finalizado con su detención el intento secesionista de Andalucía, en el que se implicó a don Gaspar, demasiados problemas tenía sobre sus espaldas, ausente además de manera definitiva de la ciudad, para que se ocupase de cumplir sus compromisos. Lo cierto es que la reclamación era justa, pues don Gaspar se había comprometido por escritura pública a pasar una limosna “para siempre jamás” al santuario, consistente en un atún “de las almadrabas de Conil, Zahara y Castilnovo de cada bol que excediese de 50 atunes”[2].

          En su tiempo de vicariato se siguió un pleito de la capilla musical de la parroquial con la de la Caridad sobre cuál tendría el derecho a actuar en aquellos entierros y fiestas que no se celebraban en sus respectivos templos, sino en los de lo los diversos conventos[3], facultad que se disputaron una capilla musical con la otra.

          En su calidad de vicario, y en compañía del notario apostólico Bartolomé Sánchez de Olmedo[4], aparece su intervención en la escritura pública que efectuaron los hermanos Lumel, Francisco y Luis, a mediados del siglo sobre la iglesia de San Juan, en el Pradillo, a favor de los clérigos comendadores de Sancti Spiritus[5]. A Cubillos presentaron, no obstante, los Lumel una reclamación, como vicario y visitador apostólico, de que les asistía el derecho a reservarse el patronato de la mencionada iglesia de San Juan.

          Protagonizó el vicario Cubillos un enfrentamiento con el gobernador de la ciudad, quien recalcitrante se había empecinado en inquietar a un ermitaño que tenía su residencia en “Las Cuevas”. Era don Bartolomé por 22 de mayo de 1654, fecha de los autos[6] seguidos por el referido motivo, beneficiado propietario de la iglesia mayor parroquial y vicario de ella. Informó al fiscal del arzobispado de que “cerca de las casas de la Ciudad, y en su término, está una casa hospedería que llaman `Las Cuevas´, donde se han recogido y recogen ermitaños de buena vida, para servir a Dios nuestro Señor”. Continúa don Bartolomé informando de que siempre, desde su fundación, así fue hasta el momento presente, sin que, por la actitud de los ermitaños -siempre sometidos a la justicia y a disposición del arzobispo hispalense-, hubiese habido nunca ningún tipo de conflicto ni con el brazo secular ni con eclesiástico, ni con ningún tipo de seglar. Por tanto, jamás se produjo ningún percance, salvo el de aquel momento presente, en el que “ha venido a su morada la justicia real de orden de la autoridad y ha querido y quiere atemorizar a los susodichos ermitaños y alejarlos a terreno forastero”

          La fiscalía del arzobispado recabó pertinentes informes sobre al asunto del monje jerónimo sanluqueño Francisco de Medina, quien, tras haber realizado “el juramento en forma legal y prometer decir verdad”, informó de que ciertamente desde que tenía uso de razón y, particularmente, desde que tomó el hábito de jerónimo, “jamás había  existido una queja arriba de las Cuevas ni debajo de ellas, donde habitan los ermitaños, que estos las quieren para vivir allí, en donde han existido de mucho tiempo atrás, con licencia para ello servida por el licenciado don Zoilo Melgarejo[7], visitador de este arzobispado y propietario de esta ciudad, y que, en su confianza, están con licencia del vicario, y es con limosnas como habitan y han habitado; que ahora la justicia pretendía se fuesen de allí, y envió a don Miguel Páez de la Cadena para llevarle un aviso del gobernador”. Fue remitido el testimonio del monje jerónimo al fiscal del arzobispado, si bien el vicario agregó que “los ermitaños tenían oratorio desde su fundación, con su altar donde se ha celebrado misa y que ha estado y está, razón por la que concluía pidiendo para el gobernador de la ciudad sanluqueña “excomunión mayor y otras penas”.

          Cerrado el expediente, el fiscal del arzobispado, Juan de Castro y Campos, remitió el siguiente informe al provisor y vicario general del dicho arzobispado, cuya transcripción es la que sigue:

 

“[...] se ha comprobado y probado de cómo el sitio que llaman de `Las Cuevas´, término de esa ciudad, es habitación y ejido de ermitaños, es lugar sagrado y dedicado a la oración de hombres de buena vida, que se han recogido y recogen en dicho sitio de muchos años a esta parte, en el que hay capilla y oratorio, donde se dice y celebra el santo Sacrificio de la Misa, y, en contradicción de lo dispuesto en la erección y adjudicación que de dicho sitio se ha hecho para el dicho culto y ministerio, el gobernador de dicha ciudad ha pretendido y pretende se han de pedir licencia para estar y vivir en dicho sitio [...], del que por los límites de su distrito y clausura no tiene que ver justicia seglar alguna por lo dicho y por que sea muy favorable a la dignidad arzobispal =.

A V.M. Suplico mande dar la plena comisión al vicario de la ciudad o en su lugar teniente, para que pueda proceder, contra la justicia seglar de dicha ciudad, a que no inquieten a los dichos ermitaños, ni les impidan vivir en dicho sitio en el término de dicha ciudad, aplicados y dedicados =.

Y asimismo, para que reciban las licencias para habitar en dicho sitio sin forma definida y costumbres, para que los que hubieren dichas licencias de V.M.  se las dé y se mande para el gobierno de los dichos religiosos ermitaños”.

         

Con ello el problema quedó finiquitado.

 



[1]  Velázquez Gaztelu: “Fundaciones…”, 331.

[2]  Ibídem: p 335.

[3] Archivo Diocesano de Asidonia Jerez: Fondos Hispalenses: Ordinarios, caja 286, legajo 9.

[4]  Velázquez Gaztelu: “Fundaciones…”, p.99.

[5] Velázquez Gaztelu: “Catálogo…”, p.300.

[6]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos hispalenses: criminales, caja 418, legajo  26.

[7]  Era Melgarejo canónigo de la colegial de Jerez de la Frontera por 1653 y visitador del arzobispado.


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