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  BARÓN, sor María de los Dolores. Dominica. 1935.

 

 

Es raro que una monja, y de clausura tenga algún protagonismo en la historia de la ciudad. Esta lo tuvo por la difícil tarea de vender una casa que le había dejado una madre a su hija religiosa, por la venta de un trozo de huerta del convento y por su actuación en la preguerra civil. El 15 de agosto de 1935, era otra la priora del Monasterio de la Madre de Dios, sor María de los Dolores Barón. A retomar el asunto de la venta de una casita que tenían en el Barrio Alto. Carta al secretario del arzobispado. Una pregunta directa de la madre Barón: “Muy respetable Padre: qué hay sobre la venta de la casa calle Abades nº 4”. Bien sabía ella lo que había, nada. Se había presentado un posible comprador. Este era su perfil: un sanluqueño que había estado de portero en una finca. Esta se había vendido y él se había quedado en la calle. Se fue a vivir a un campo, pero, al comenzar las lluvias, no podía ya vivir en él. Estaba dispuesto a comprar la casa, pero le interesaba efectuarlo lo más pronto posible para venirse a vivir al pueblo. Sor María de los Dolores rogó que se le dijese si la venta se dilataría mucho para que el comprador supiese a qué atenerse.

          Las últimas peticiones que se efectuaron desde el arzobispado se habían cumplido a su debido tiempo por las religiosas. Se había votado sobre la conformidad de la venta. El sí fue unánime. Se había pedido nuevamente un peritaje sobre el estado de la casa. Así lo efectuó Antonio García Rodríguez el 29 de julio de 1935. Certificó, tras efectuar las pertinentes operaciones, que la casa lindaba, entrando por la derecha, con la casa de Aurora Ridruejo; por la izquierda con la de Francisco García; y por el fondo con la de José Moreno. Constaba de una planta que daba a la calle y tenía dos plantas al fondo. La planta baja se componía de zaguán, patio, a la izquierda de esta sala con alcoba, un cuarto y cocina donde estaba el pozo y, al fondo de dicho patio cuadra y dos escaleras, una que iba a la habitación del alto y otra a la azotea. Se encontraba toda en el último tercio de su vida y medía una extensión superficial igual a 115 metros con noventa centímetros cuadrados. Ascendía su valor a la suma de 1.497 pesetas.

          Otra reunión del Consejo de Administración de Bienes Eclesiásticos en la ciudad de Sevilla. Fue el 21 de octubre de 1935. La presidió el cardenal Ilundáin y asistieron los vocales Tomás Pérez Sánchez y José Arias Burgos. Vieron y analizaron el expediente de la venta de la famosa casa de la Calle Abades 4. Conocieron los nuevos precios que se habían establecido recientemente de dicha casa. Eran de 1.400 a 1.497 pesetas. Dieron su consentimiento para la venta, no bajando de aquella reciente tasación. Dos días después salía un decreto de Ilundáin para el convento de dominicas de Sanlúcar de Barrameda. Habiéndose cumplido en el expediente todos los requisitos de derecho, daba licencia, en uso de las facultades que le confería el canon 534 del Código de Derecho Canónico, para que se pudiera vender la casa de la Calle Abades 4 a la persona que había solicitado comprarla en la cantidad de 1.500 pesetas en efectivo y al contado. El producto de la venta se habría de invertir en títulos de la deuda perpetua del 4% que se ingresaría en la caja de la comunidad de religiosas dominicas. La superiora habría de dar cuenta del cumplimiento del decreto, manifestando los títulos que se compraban con el producto de la venta.

          La larga historia de la venta de aquella humilde casa había llegado a su final. Su comprador quedó en legítima posesión y la comunidad libre de temores e inquietudes. Quedaba un trámite. Lo cumplimentó la priora sor María de los Dolores Barón con letra cantarina. Comunicó al cardenal Eustaquio Ilundáin que acababa de recibir las “láminas deudas perpetua interior” al 4% compradas con el importe de la venta de la casa. Le comunicó además las series y números de cada una de ellas.

También efectuada la venta al Ayuntamiento de un trozo de la huerta, el duque de Medinasidonia se presentó en el Monasterio de Madre de Dios. Dio cuenta[1] de ello la abadesa a Ilundáin. Informó de que el duque les había dado a leer una carta de Ilundáin referente a la compra del papel del Estado, “comprado últimamente con póliza a nombre de dicho señor por indicación del mismo cuando dio su consentimiento para la venta”. Otra vez se había precipitado la abadesa. Le había comunicado la anterior priora a la nueva, sor María de los Dolores Barón, que cuando recibió carta del duque -indicándole que pusiese los títulos a su nombre y no al del monasterio, en evitación de cualquier incautación que se pudiera producir el día de mañana “dadas las corrientes izquierdistas de los Gobiernos”-, había puesto todo en conocimiento del prelado.

 Agregó que, efectuada la venta y cobrada la mitad del precio, siguiendo las órdenes del arzobispo de invertirlo inmediatamente, al no haber recibido contestación ni prohibición, entendió que aquel silencio era una aprobación tácita del prelado para que las pólizas figurasen a nombre del duque. Pidió la abadesa al cardenal que la perdonase por cuanto que el error que había cometido era involuntario. En vista de lo ocurrido, la abadesa manifestó a Ilundáin que todo el papel que tenían, tanto del monasterio como de dotes, no estaba representado en inscripciones nominativas, sino en títulos al portador de la Deuda Perpetua Interior al 4% de distintas series, cuyos títulos fueron canjeados por otros antiguos que ya tenían agotados los cupones. Añadió que, al presentar para el cargo de títulos los antiguos, se hizo a nombre de Manuel Barón Fernández, profesor mercantil y en aquel entonces director del “Banco Internacional de Industria y Comercio”. Este Banco fue constituido en 1924 con socios belgas y españoles. Una de sus sucursales se abrió en Sanlúcar de Barrameda.

Buen concepto tenía la abadesa Barón del señor Barón, pues afirmó de él que “desde hacía muchos años venía siendo bienhechor insigne de la comunidad y de toda su confianza”. Este señor también les había aconsejado que no adquiriesen nada a nombre del monasterio por los mismos temores. Desde hacía muchos años los cupones del monasterio se venían cobrando en el Banco a nombre del señor Barón, para no hacer figurar a dicho monasterio. Confesó la nueva priora que ignoraba que se requiriese el expreso permiso del prelado, salvo que lo tuviesen de sus antecesores, ya que de todo ello hacía mucho tiempo, y las dos superioras de aquella época habían fallecido.

Quedaba el cobro de la segunda mitad de la compra, por lo que la abadesa Barón pidió instrucciones para ello al prelado, así como que le comunicase si se le seguía mandando todos los trimestres los cupones al señor Barón para que los negociara a su nombre. Ilundáin fue concluyente. Para que el señor Barón, o cualquiera otra persona, pudiera ser autorizada para comprar títulos “era necesario que firmase un documento en el que constase que los títulos eran de la comunidad de Madre de Dios. Tal documento tendría que quedar archivado”[2]. Días después. La priora Barón recibió del Ayuntamiento la segunda entrega de la compra, 7.450 pesetas (7.000 del segundo pago y 450 de la segunda parte de la indemnización por el almizcate).

En este 1935 se retornó[3] al asunto de la casita que las religiosas poseían en la Calle Abades. Fue en carta dirigida por la abadesa, Sor María de los Dolores Barón, al secretario canciller del arzobispado, Manuel Carreras. La venta aún no se había efectuado. El posible comprador, por el aquel de pretender meterle de alguna forma en la vereda de las pretensiones de las monjas, no pudo aguantar más y compró otra casa. Se había supuesto chatamente que cederían. No fue así. No obstante, había aparecido otro posible comprador dispuesto a adquirirla, pero, al no tener reunido el completo del dinero, se le habían dado seis meses para ver si podía disponer del total del importe. De ser así, se procedería a la venta y se daría cuenta de ello al arzobispado. Del asunto se retornó al de la venta de trozo de la huerta. Como quedó indicado, el Ayuntamiento efectuó el segundo plazo. Su importe se había impuesto en papel del Estado Deuda Perpetua Interior al 4%. Se habían comprado cuatro láminas. Para efectuar la operación Manuel Barón, encargado de imponer el dinero, había prestado espontáneamente a la comunidad 215 pesetas, cantidad que esta le devolvería de la renta en cuanto pudiese.

9 de marzo de 1936. Alarma en el Monasterio de Madre de Dios. La priora María Dolores Barón comunica[4] a Ilundáin la situación. Le pide consejo. La noche anterior había sido alarmante la situación vivida en el  pueblo. No habían podido contactar con el prelado, por lo que la abadesa consultó con algunos sacerdotes. Estos le afirmaron que, dada la situación reinante en la ciudad, podían salir a pasar la noche fuera de la clausura, de lo que ya darían noticia al prelado cuando fuese posible. Les recomendaron, al mismo tiempo, que se mantuvieran en aquella postura de pernoctar fuera mientras persistiese el peligro que se temía. Le informó a Ilundáin que tenían frente del monasterio una casa propiedad de la comunidad. Después de cenar, cerrada ya la noche, “se habían ido trasladando a ella de dos en dos y antes de amanecer volvieron al convento”. Dejó constancia sor María Dolores de que tenían “mucho disgusto y mucho temor porque las habían amenazado un grupo de revoltosos con que su convento era el primero que querían arrasar, y como era un edificio tan céntrico y visible y era voz general la inquina que les tenían, los días se pasaban relativamente bien, pero las noches resultaban muy peligrosas, y además había la contra de estar juntas las puertas principal y falsa, que caso de incendio se hacía imposible la salida”.

Ilundáin tenía una patata caliente sobre la mesa. ¿Abordaría el asunto con humanidad pastoral, o se dejaría llevar por la frialdad legalista que no entiende de circunstancias? ¿Se olvidaría por una vez de que la ley es para el hombre y no este para aquella? Así se expresó: la salida de la clausura no estaba suficientemente justificada. No la podía aprobar. El que en otros muchos lugares se hubiesen incendiado casas religiosas no era motivo suficiente para que salieran de la clausura ni de día ni de noche. Por otra parte, la amenaza de que algunos iban a incendiar el convento tampoco era motivo, por sí solo, para autorizar la salida. Ello tan sólo sería motivo de que las religiosas colocasen a alguna persona de su confianza vigilando por la noche, a fin de que dicha vigilancia alejase a quien intentase quemar el convento; o que una persona vecina, amiga de la comunidad, avisase por teléfono del peligro, cuando realmente lo hubiese, dado que la amenaza no constituye peligro mientras no se den otras circunstancias graves que manifiesten que se trata de una amenaza seria, y con verdadera disposición de llevarla a la práctica. Los sagrados cánones –afirmó el cardenal– prohibían gravísimamente la salida de la clausura, a no ser en caso de peligro inminente de gravísimo mal, de manera que ni él mismo podía autorizarlo si no existía tal peligro inminente. Concluyó con estas palabras Ilundáin: “Tengan confianza en Dios y pidan a la autoridad civil que las proteja”. 

Confianza en Dios sí que la tenían, pero de la autoridad civil como que no se fiaban en demasía. Para colmo, supieron de los sucesos  revolucionarios lamentables que se estaban produciendo por los alrededores de Sanlúcar de Barrameda –en Jerez de la Frontera, en El Puerto de Santa María, en Rota–. La abadesa llamó al párroco Casado. Le informó de que había en el convento “una monja lastimada de una pierna, otra de 86 años, y otra cardiaca de 72”, y como tales acontecimientos parecían que obedecían a un plan general de la provincia, vivían angustiadas pensando que, de un momento a otro, se iban a producir en su monasterio los desmanes de otras poblaciones. Pretendieron las religiosas que Casado consiguiese de Ilundáin lo que ellas no habían conseguido, dormir fuera del monasterio y permanecer en él durante el día, así como buscarle un refugio a las enfermas hasta que se tranquilizara la comarca. Así lo hizo este en carta enviada al cardenal el 18 de abril de 1936. Reiteró[5] Ilundáin lo que en su día había comunicado a la abadesa Dolores Barón, que los sagrados cánones le prohibían autorizar la salida de las monjas de la clausura, a no ser en peligro inminente de muerte o gravísimo daño. Esto –afirmó Ilundáin– no se daba en esta situación, puesto que en los casos ocurridos en las poblaciones mencionadas no se había causado ningún daño personal, por lo que era de suponer que “si invadiesen esos conventos las turbas dejarían a las monjas salir sin ensañarse en sus personas”. Terminó recomendándoles a las religiosas que “tuviesen mucha confianza en Dios y en sus ángeles de la guarda y que tuviesen una familia cerca para que, en caso de gran peligro, trasladasen a su casa a las enfermas”.

 



[1]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno, Convento de Madre de Dios, salida del 21 de septiembre de 1935

[2]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Arzobispado de Sevilla, salida de 27 de septiembre de 1935.

[3]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Convento de Madre de Dios, salida de 19 de noviembre de 1935.

[4]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Monasterio de Madre de Dios, salida de 9 de marzo de 1936.

[5]  Archivo diocesano de Asidonia Jerez: Fondos de Gobierno: Arzobispado de Sevilla, salida de 20 de abril de 1936.


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