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  ÁLVAREZ DE MESA, Francisco. Corregidor. + 1569.

 

 

Había sido juez de residencia en la ciudad (1561) y cinco veces regidor de la misma, así como licenciado. Pertenecía el Consejo del Duque. Murió en la ciudad el 28 de marzo de 1569. El 8 de julio de 1568 terminó su periodo de gobierno de la villa como corregidor. Don Francisco conocía a la perfección el procedimiento a que iba a ser sometido, dado que él, con anterioridad, había ejercido el encargo de juez de residencia en 1561[1], y además se le sometía a este proceso por cuarta vez, tantas cuantas había desempeñado ya el oficio de corregidor en la villa sanluqueña. Se trataba en esta ocasión de someter al juicio de residencia el periodo en que había ejercido el oficio de corregidor en esta cuarta ocasión, que había comenzado a desempeñarlo el 31 de enero de 1567[2]. Con tal motivo, doña Leonor de Sotomayor, condesa de Niebla y gobernadora de la persona y Estados de su hijo Alonso IV, nombró[3] al licenciado Luis de Barba, del Consejo del duque y a la sazón corregidor de la villa de Niebla, para que efectuase la preceptiva “inspección” sobre la gestión efectuada por el corregidor Álvarez de Mesa en el gobierno de la villa sanluqueña y “en el lugar” de Trebujena. La condesa indicaba en la provisión que era su deseo saber cómo el dicho licenciado había usado y ejercido su oficio, tanto él como quienes con él lo habían compartido, según “las leyes que estos reinos disponen”.

          La provisión indicaba minuciosamente el protocolo que había de seguir el licenciado Barba. Una vez que fuese recibido por el cabildo con la provisión ducal en mano, había de recoger las “varas” de corregimiento y alguacilazgo mayor y de los otros alguaciles. Comenzaba con ello la actividad del “juez de residencia”, que la condesa estableció en treinta días desde el momento mismo en que la “residencia” fuese pregonada, si bien el proceso se alargó varios días más. Se habría de comenzar por escuchar a quienes estuvieren “querellosos” con la gestión realizada, sin que tal información hubiese llegado a la condesa con anterioridad, si bien en ello se habría de atener “a lo que las leyes de los reinos y los capítulos de los jueces de residencia de ello se permite que remitan”.

          Ordenaba tras ello que el corregidor, el alguacil mayor y los demás alguaciles de la villa se sometiesen a la revisión del juez de residencia “asistiendo a ella formalmente y por el término indicado”. Señala el protocolo de residencia que don Luis y sus “ayudantes” investigasen: cómo habían usado y ejercido sus respectivos oficios el corregidor y los alguaciles; cómo había ejecutado la justicia y castigado “los pecados”[4]; si el corregidor había efectuado las preceptivas visitas de los términos de la villa; si había ejecutado todo lo demás a lo que estaba obligado conforme a los derechos y leyes de estos reinos y de la buena y recta gobernación. No sólo se debía escuchar a los interesados, sino que Luis de Barba debía pedir información a otras personas y realizar “pesquisa cierta”, pues de lo que se trataba era de hallar la verdad, los cargos que se les pudiera imputar, así como “sus descargos”. Una vez que fuesen oídas todas las partes, quedaba facultado el licenciado Barba para administrar justicia, teniendo muy en cuenta que todo lo que fuese imputado a los “inspeccionados” debía ser adecuadamente probado.

          Por esta inspección del juez de residencia tenían que pasar igualmente los regidores, síndicos y otros oficiales del concejo, rindiendo cuenta del tiempo en que habían estado en sus cargos u oficios, y de cómo lo habían ejercido según las facultades y obligaciones que habían recaído  bajo su responsabilidad. Ello había de hacerse “públicamente”, de manera que quienes “quisieran quejarse de lo hecho en dichos oficios y por razón de ellos” tuviesen la posibilidad de realizarlo ante el juez de residencia, para que este “pudiera hacer justicia a los querellosos” iniciando los pertinentes procesos.

          El juez de residencia debía también ocuparse de otros asuntos: examinar las cuentas del pósito; inspeccionar las rentas, imposiciones, repartimiento y cualquier otro asunto del dicho consejo durante el tiempo de su regimiento; ver si los gastos “estaban mal gastados”; analizar las cuentas de heredades y mayordomía y la gestión realizada por los responsables de ellas; revisar el uso del cargo efectuado por los guardas del campo y los procuradores y otros oficiales de la justicia y del consejo de la villa, así como la de los alguaciles de ordinarios. Todo ello estaba obligado el señor Barba a realizarlo con los oficiales del lugar de Trebujena, desde la última vez que se realizó la investigación del juez de residencia. En todo ello, el juez de residencia tenía que ver si los derechos de los vecinos habían sido respetados y amparados “conforme al derecho, reales leyes y ordenanzas de esta Estado”.

          Todo el expediente debía ser entregado a la condesa, una vez que se hubiese cerrado. El licenciado Barba debía tener “las varas y administración de la villa en todo lo tocante al oficio de corregidor” hasta tanto que la condesa mandase proveer el nombramiento del nuevo corregidor. En el ínterin, Barba recibía de la condesa el poder absoluto correspondiente al corregidor, por lo que  podría entender de todos los negocios y causas, tanto civiles como criminales, que estuviesen pendientes y fuesen de gran interés para la villa y sus términos.

          La provisión continuaba ordenando al consejo, justicia, regimiento de la villa, caballeros, oficiales y “hombres buenos” de la misma y del lugar de Trebujena que recibiesen al licenciado Barba, que ante él prestasen el debido juramento, y colaborasen plenamente con él para que se hiciese justicia en todos los asuntos presentados. Para ello, debían comparecer ante el juez de residencia cuantas veces fuesen convocados por él, tantos los de la villa de Sanlúcar como los del lugar de Trebujena. Se debía de dar conocimiento público de que las penas que fueren impuestas por el licenciado Barba serían en todo sancionadas por la condesa gobernadora, con una pena añadida de diez mil maravedís “para la cámara del duque mi hijo”. Quedaba igualmente facultado don Luis para establecer quién debería correr con los gastos ocasionados por la gestión del juez de residencia en la villa y en Trebujena; así como para nombrar a los alguaciles que les fuesen necesarios para la realización de la tarea a realizar, a los que debía presentar al cabildo para que en él fuesen recibidos como tales alguaciles y pudiesen percibir lo que en derecho les correspondiera.

          La carta provisión aparece firmado por la condesa y refrendada por Alonso de Cabañas, quien había sido contador desde 1542 de Juan Claros, conde de Niebla, y luego continuó al servicio de la condesa como su secretario[5], y fue dada en la villa de Sanlúcar de Barrameda el día 2 de julio de 1568. El secretario del cabildo leyó a los capitulares la carta provisión de la duquesa, siendo por todos obedecida “con el acatamiento debido”. De inmediato, y en cumplimiento de la provisión, fue recibido el licenciado Luis de Barba en el cabildo. Prestó él y sus “colaboradores”, nombrados en la misma sesión, el juramento protocolario. Le fueron entregadas las varas de justicia que el corregidor Álvarez de Mesa tenía en las manos. Luis de Barba fue oficialmente reconocido juez de residencia, así como sus alguaciles Álvaro Vieira  y Francisco Cabello, vecinos los dos de la villa. Ambos, presentes en el acto, recibieron las varas de justicia y pronunciaron la solemnidad de juramento requerido. Todo acabado, salieron todos ellos del cabildo.

          El resultado del expediente del juez de residencia debió resultar del todo positivo para Álvarez de Mesa, dado que repitió, por quinta vez, el oficio de corregidor de la villa sanluqueña meses después[6].

 



[1]  Acta capitular de 2 de julio de dicho año.

[2]  Acta capitular, libro 5, f.  78 vto.

[3]  Acta capitular, libro 3, f. 102 vto.

[4]  El término “pecado” no está usado en este texto en su acepción de “trasgresión de una ley religiosa”, cosa que correspondía al brazo eclesiástico, sino en la de “cualquier cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido”.

[5]  Cfr. Velázquez Gaztelu: Catálogo ... p.  113.

[6]  Acta de la sesión capitular de 9 de noviembre de 1568, libro 5, f.  119 v. 


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