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  BENEFICIADOS Y PARROQUIA

 

 

 

 

El beneficiado era un eclesiástico que desempeñaba en la parroquia un determinado oficio religioso (celebración de la Misa, participación en el rezo o canto del Oficio Divino en el coro y asistencia a procesiones, funerales y entierros), por el que le correspondía la percepción del beneficio para el que el servicio estuviese dotado. Las rentas, de las que se nutrían los beneficios eclesiásticos, provenían bien de bienes muebles o inmuebles, tanto rústicos como privados, así como del pago que los fieles realizaban de los denominados “diezmos”. Los bienes muebles o inmuebles solían pasar al patrimonio de la Iglesia fundamentalmente por el sistema de fundaciones de capellanías, patronatos, memorias, obras pías u otras instituciones, o por el beneficio de testamentos; el uso de  estos bienes solía grabarse con un “censo”, que el usuario pagaba a la Iglesia, bien a la parroquia, o bien, con posterioridad, a las diversas comunidades religiosas que se establecerán en la villa. Las múltiples casas que en Sanlúcar de Barrameda estaban sometidas al régimen de pago de censo ostentaban en la parte superior de la puerta principal el escudo de la entidad religiosa a la que dicha morada pertenecía. Aún en la actualidad alguna casa de las encuadradas dentro del antiguo recinto murado de la villa conserva un lánguido resto de dicha antigua situación patrimonial.

 

El diezmo era la exacción de una décima parte del producto bruto del campo que se pagaba a la Iglesia para el sostenimiento del clero secular, dada la función que este desempeñaba en la villa al servicio de los fieles. Era una tradición bíblica la de dar a los sacerdotes la décima parte de los frutos. En nuestra Edad Media fue inicialmente una donación espontánea, mas algunos concilios establecieron a partir del siglo VI la obligatoriedad del fiel cumplimiento de estas costumbres. El Concilio de Trento reafirmará la obligatoriedad del pago de los diezmos por parte de los fieles. No sólo los clérigos participaban de este beneficio, sino también la monarquía, con la participación denominada “tercias reales”[1], que fueron también enajenados a favor de los señores de la villa. De la parte percibida por la clerecía sanluqueña, un tercio era para el arzobispo de Sevilla y su cabildo catedral, otro para la fábrica de la parroquia, y el último para el clero parroquial, si bien de este ultimo tercio se debía hacer reserva de las denominadas “prestameras”, que se ponían a disposición del arzobispo para que este pudiera dedicarlas al clero extradiocesano, a estudiantes, o a cualquiera otra actividad o disposición.

 

Los beneficios y los beneficiados, sus servidores, llegaron a tener tanta entidad en la parroquial que con ellos llegó el poderío y la abundancia, pero también los múltiples conflictos y problemas, cuyos testimonios enmohecidos quedaron en el archivo eclesiástico diocesano. Existieron varias clases de beneficiados. El beneficiado que lo era en propiedad vitaliciamente, el beneficiario servidero primero (o teniente beneficiado) y el beneficiario servidero segundo. El servidero primero era el suplente del titular, y el segundo lo era del primero. Es decir toda una jerarquización del beneficio. Pero, claro está,  surgió el problema, porque el beneficiado titular era quien percibía la totalidad del beneficio eclesiástico, mientras que a quienes realmente ejercían el oficio ministerial, correspondiente al titular, se les daba por parte de este una auténtica miseria. A estos verdaderos “secundones” tan sólo les quedaba lo que se denominaba “pie de altar”, por lo que en multitud de ocasiones, recogidas en actas de sesiones capitulares de 1512, 1571, 1645, 1653 ..., los tenientes beneficiados protestaban, pues no tenían ni para comer, motivando la intervención tanto del propio arzobispo, como del concejo capitular de la villa, con el que los beneficiados además tuvieron constantes litigios por cosas bien nimias. Así las cosas, el beneficiado titular, para defenderse de todo cuanto con frecuencia se le venía encima, solía tener en los tribunales de la Audiencia arzobispal de Sevilla a determinados letrados que actuasen en su nombre, por poderes a ellos otorgados, para defenderles en cuantos litigios atentasen contra sus intereses.

 

Llama bastante la atención el que durante varios siglos no existieran, con la plena acepción que los términos tienen en la actualidad, la figura del “cura de almas”, quedando eclipsada esta figura por tanta organización tan burocratizada como materializada. Al respecto afirma José Sánchez Herrero: “[ ..]. no existieron curatos o beneficios cuyo oficio sagrado fuera la cura de almas, la atención pastoral, la administración de los sacramentos a los feligreses...”[2]. La razón de tan patética situación la da el propio profesor Sánchez Herrero: “[...] al no existir en la diócesis hispalense ese nombramiento jurídico ... ni ese tipo de beneficio eclesiástico, los beneficiados, al no percibir unas rentas propias para actuar como curas, no se sentían obligados a cumplir las obligaciones anejas al cura, las que a finales del siglo XVI, al menos, estaban muy desatendidas en todas las parroquias”[3].

 

En Sanlúcar de Barrameda parroquia y vicariato fueron coincidentes hasta el siglo XIX, en el que sería creada la Parroquia de Bonanza, y el XX, en el que lo serían las demás parroquias existentes aún en la actualidad (Santo Domingo, San Nicolás de Bari, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de los Ángeles y San Sebastián, San Pedro y la de Santa Ángela de la Cruz y San Antonio Abad). En cada momento, la parroquia estuvo dotada de tantos beneficios cuantos fuesen las rentas de que gozase, provenientes, en su gran parte, de las fundaciones de capellanías, así como de los legados provenientes de testamentos y cláusulas testamentarias. Casi todos los testamentos tenían una contraprestación de celebrar actos litúrgicos por las almas de los donantes.

 

Durante mucho tiempo, sin embargo, era el arzobispo el verdadero receptor de los beneficios cureros, como afirma José Sánchez Herrero[4], recogiendo una cita del Memorial de Historia eclesiástica :

 

“Hizo asimismo división de los clérigos e parroquias y conforme a los términos e población de vesinos que cada uno tenía puso número de ministros que la sirbiesen, los cuales llamó clérigos parroquiales, no embargante que reserbó para sí el ser cura universal, como de derecho le compete, y gosa por ello las rentas de su Arzobispado, decimales y prediales, por el obispado es beneficio curado y que de derecho le incumbe la cura general de las almas de todo el obispado, quien tenga o no tenga curas propios en él, y mucho más no teniéndolos, como no los ai en este Arzobispado, y ésa es la eminencia y superioridad del arzobispo que él, como universal cura, puede poner a su arbitrio a quien quiere en su aiuda”.

 

Consiguió el obispo don Remondo del rey Sancho IV (1257-1295) que concediese a la sede arzobispal hispalense y a su cabildo catedralicio la facultad de proveer todos los beneficios correspondientes al territorio diocesano, excepción hecha de los que correspondían a los prioratos y a las colegiatas.

 

Con esta serie de limitaciones, es lo cierto que la institución parroquial sanluqueña se convirtió en el verdadero centro de la vida de la villa, no sólo en el aspecto estrictamente religioso, sino en otros de más amplia gama. La parroquia –término eclesiástico– estaba constituida por las diversas collaciones –término civil–, en las que se dividía la villa. En cada una de las collaciones solían agruparse los integrantes de una etnia (judíos, mudéjares, gitanos), nacionalidad (bretones, ingleses...) o de un determinado gremio, clase social u oficio (azacanes, carreteros, hombres de la mar, barqueros, “mujeres de amores”, caballeros...). Junto a la parroquia se encontraba el cementerio, y en el interior de la propia fábrica de la parroquial, administrada por el mayordomo y los claveros de la misma, solían tener lugar de enterramiento los miembros de los apellidos más linajudos de la villa.

 

A más de las funciones litúrgicas, el hecho de ser el enclave de la parroquial el lugar de verdadero corazón de la villa murada, hacía a la parroquia y a sus diversas instalaciones (Patio de los Naranjos, sacristía  y hasta el mismo porche) lugar idóneo para otras funciones, tales como celebraciones de las sesiones del cabildo de la villa, elaboración de los padrones, escenario para pronunciar los pregones del cabildo a los vecinos por parte del pregonero del mismo, sitio de refugio para los perseguidos, o torre de atalaya, desde la que podían vigilarse los posibles peligros que se cerniesen sobre la villa.

 

Así, la parroquia fue durante mucho tiempo el centro aglutinador de las actividades de la villa, de manera que, con palabras de Antonio Collantes de Terán Sánchez, “el cristiano, desde que nace hasta que muere, habrá de acudir a ella a cumplir una serie de preceptos, sobre cuyo cumplimiento se lleva un cierto control por parte del cura de la parroquia”[5]. Este carácter de centralidad se verá disminuido cuando la villa sanluqueña observe cómo unos tras otros se van construyendo conventos y monasterios, tanto para hombres como para mujeres, aunque, como dice el propio Collantes de Terán: “[...] en este cambio es probable que tenga algo que ver la degradación que se observa en una parte de los clérigos que atienden las parroquias”[6].

 



[1]  Se trataba de una renta de la hacienda real de Castilla, consistente en la percepción de dos novenos de los diezmos eclesiásticos. Proviene el nombre de que el papado había concedido desde el siglo XIII a los reyes de Castilla tres novenos de los diezmos. Desaparecidos los diezmos en el siglo XIX, con él desaparecerá igualmente esta renta real.

[2]  José Sánchez Herrero: Cádiz medieval, en Historia de Cádiz, tomo 2, p. 89.

[3]  José Sánchez Herrero: Cádiz medieval, en Historia de Cádiz, tomo 2, p. 89.

[4]  José Sánchez Herrero: Cádiz medieval, en Historia de Cádiz, tomo 2, p.  87.

[5]  El mundo urbano, en Andalucía del Medioevo a la Modernidad (1350-1504). Historia de Andalucía, tomo III, p. 219.

[6]  El mundo urbano, en Andalucía del Medioevo a la Modernidad (1350-1504). Historia de Andalucía, tomo III, p.  220.


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